Difference between revisions of "Responsible Public Procurement/es"

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Revision as of 08:39, 3 August 2022

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La contratación pública - el gasto de funcionamiento e inversión de una nación - representa una cantidad anual significativa del PIB. A menudo se percibe erróneamente como un conjunto de herramientas y normas técnicas, jurídicas y administrativas que permiten a las autoridades públicas adquirir bienes y servicios. Pero, en realidad, es ante todo un instrumento político al servicio de estos organismos públicos y refleja ciertas ambiciones y proyectos de sociedad. Hasta hace poco prevalecían los criterios de precio y competencia, pero el concepto de Compras Públicas Responsables (CPR) ha integrado los criterios sociales y medioambientales en sus actuales prácticas de contratación. Las compras públicas responsables se identifican cada vez más como una palanca política clave para la innovación, el desarrollo local y la transición ecológica y social de los territorios. Al mismo tiempo que conciben y aplican enfoques innovadores, la promoción de la responsabilidad social a lo largo de las cadenas de suministro es una de las herramientas más poderosas de que disponen los gobiernos urbanos como palanca de transformación.

La idea es doble:

- que lxs proveedores cumplan con las normas sociales y medioambientales exigidas. Por ejemplo, para alcanzar patrones de consumo y producción de alimentos más sostenibles, los sistemas públicos de alimentación -como hospitales, residencias de ancianos, escuelas, universidades, prisiones, fuerzas armadas y comedores en edificios gubernamentales- representan una parte importante de la contratación de cualquier economía alimentaria sobre la que se puede actuar. Pero más allá de los alimentos, los productos y servicios afectados pueden ir desde los servicios de limpieza, la construcción, el mobiliario, los servicios de jardinería, la asistencia sanitaria, las tecnologías de la información y la comunicación, los servicios sociales, los textiles, hasta el transporte, la movilidad y los residuos.

- favorecer a las poblaciones marginadas, como lxs inmigrantes, lxs jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, por ejemplo, dando prioridad a las empresas propiedad de mujeres, a las empresas propiedad de minorías, a las empresas que operan en zonas económicamente desfavorecidas, ofreciendo oportunidades económicas a los grupos con menores ingresos, etc.

En los ámbitos en los que opera la ESS -como los sistemas de gestión del agua gestionados por la comunidad, los recursos y la mejora de la gestión de los residuos, la integración social a través de la creación de empleo, el codiseño de servicios públicos que respondan mejor a las necesidades de la población y la financiación solidaria para un mejor acceso al crédito-, los sistemas de incentivos fiscales, los programas de compras públicas para las empresas de inserción laboral o menos contaminantes y las inversiones en empresas que crean empleo, reducen su huella de carbono u ofrecen soluciones innovadoras de gestión de recursos pueden marcar la diferencia.

Por ejemplo, la Guía de Compras de Comercio Justo (en francés, 2012) cita los productos alimenticios para la restauración colectiva, los paquetes de regalo de fin de año y las recepciones tipo buffet, los productos textiles de Comercio Justo a base de algodón para la ropa de trabajo, los productos promocionales para los eventos apoyados por la comunidad, etc.

Para llevar a cabo este enfoque, los agentes públicos deben dominar los aspectos técnicos y comerciales (identificación de productos, etiquetas, implicaciones técnicas, definición de necesidades), así como los aspectos jurídicos y de gestión. Se trata de establecer un sistema coherente que facilite a las iniciativas de la ESS -por ejemplo, las empresas sociales de inserción laboral- la obtención de los medios financieros y técnicos que permitan acceder a los contratos e inversiones públicas, junto con una legislación que respalde el compromiso y la acción del sector dentro del paradigma de una economía que vuelva a estar al servicio de las personas y del planeta.

Conceptos equivalentes

Compras públicas socialmente responsables Contratación pública responable

Historia del concepto

Francia : En los años 90, Estrasburgo fue pionera en la aplicación de cláusulas sociales en sus contratos públicos. La reforma del código de contratación pública en 2006 y posteriormente en julio de 2015, declaró tener en cuenta los aspectos sociales (antidiscriminación, por ejemplo) y medioambientales en una perspectiva de desarrollo sostenible. Se reforzó con la ley de ESS de 30 de julio de 2014.

En España, se aprobó la Ley 9/2017, para una contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes. El Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo de Finlandia publicó en 2017 una Guide to Socially Responsible Public Procurement. El Parlamento Europeo adoptó las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE sobre contratación pública para un "crecimiento inteligente, sostenible e integrador", haciendo hincapié en el Comercio Justo.

Principales redes que trabajan en este tema

Además de su labor de incidencia, la web de Contratación Pública Responsable de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) reúne la documentación necesaria para que los gobiernos locales adapten sus licitaciones con cláusulas sociales e incluso un curso para expertos en contratación pública responsable (en español).

Contratación pública responsable en el mundo

Las Cooperatives Evergreen de Cleveland (Ohio, EE.UU.) son un ejemplo pionero de aprovechamiento del poder de la contratación pública, centrado en el fortalecimiento de los barrios de bajos ingresos a través de pequeñas empresas propiedad de lxs trabajadorxs que trabajan con grandes instituciones ancla como hospitales y universidades. En 2008 se puso en marcha Evergreen: crearon Evergreen Cooperative Laundry, una lavandería ecológica que suministra ropa blanca a hospitales, hoteles, residencias de ancianos y restaurantes de Cleveland. Evergreen Energy Solutions, una empresa solar que diseña, desarrolla e instala paneles solares para empresas comerciales e instituciones gubernamentales, y Green City Growers Cooperative, una granja urbana. De este modo, las instituciones ancla gastan dinero en esas empresas locales propiedad de lxs trabajadorxs, impulsando así las economías locales, al proporcionar salarios dignos y evitar que el dinero se vaya a otros lugares.

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